La maldición del litio
de Patricio
Torres, el El Lunes, 15 de octubre de 2012 a la(s) 12:03 ·
Escándalo,
bochorno, error, desprolijidad. Cualquiera de estos calificativos usados para
acusar la frustrada operación para licitar el litio no precisa la magnitud del
evento. La malograda licitación de este mineral mediante CEOL (Contrato
Especial de Operación del Litio) no se inscribe sólo en la impericia del actual
gobierno, en supuestas irregularidades y ambiciones que condujeron al ilícito,
ni tampoco es sólo el festín de burlas de políticos y operadores de la
Concertación expresadas a través de las redes sociales.
La
abortada operación de entregar el litio a la Sociedad Química y Minera de Chile
(SQM) fue una maniobra oscura desde el comienzo, que aún, pese a la renuncia
del subsecretario de Minería Pablo Wagner y a las acciones judiciales
emprendidas por los oferentes perdedores, no deja de tener efectos.
Ha sido
un error estrepitoso, vergonzoso, amplificado tal vez por el mismo espíritu de
los tiempos. No es que la opción del gobierno de licitar por un decreto el
litio evitando toda discusión parlamentaria haya sido un mal comienzo, como
tampoco que la explotación se haya finalmente adjudicada a una empresa
controlada por el ex yerno de Augusto Pinochet, en la que el subgerente es
hermano del ministro de Minería, o que la empresa ganadora haya mentido al
presentar sus antecedentes. Tal vez cada una de esas circunstancias, pero en
especial la suma de todas ellas, ha sido el gran detonante de una explosión
sanadora, que ha colocado en el centro de la visión ciudadana -cuando aún la
basura y la mierda estaban en suspensión-, los métodos de hacer negocios entre
el Estado y los privados durante los últimos veinte años.
Si algo
beneficioso y purificador ha tenido este nuevo trance de corrupción es volver a
colocar en la agenda los métodos empleados para las concesiones, licitaciones y
también privatizaciones. Bajo el mismo oscuro mecanismo se ha entregado a los
privados el cobre, los bosques, los peces, los ríos, los servicios públicos.
Con estos mecanismos, pero especialmente con este espíritu corrupto, con esta
relación cómplice y delictiva entre el gobierno y el sector privado se ha
levantado el modelo económico que hoy aprieta a la gran mayoría de los
chilenos.
FESTIN DE
OBSCENIDADES
Vale
recordar algunos de los más sombríos antecedentes de este evento. De partida,
el gobierno insistió desde el comienzo en que el litio -pese a ciertas normas
que establecían desde hace décadas a este mineral como “estratégico” y no
concesionable-, era licitable, postura que se estrelló con la de especialistas,
académicos y algunos políticos de oposición que sostuvieron era necesaria una
discusión parlamentaria para crear una nueva ley para su explotación. El gobierno,
fiel a su impronta neoliberal, también descartó desde un comienzo la
participación de Codelco en la explotación, aun cuando tras las presiones
públicas la minera estatal también compró las bases, más como formalidad que
como estrategia de desarrollo minero.
SQM fue
una empresa privatizada durante la dictadura a favor de Julio Ponce Lerou,
yerno del general Pinochet. Hoy, la empresa es líder nacional en el rubro de
los fertilizantes y el litio, tiene utilidades anuales por más de 500 millones
de dólares, en tanto Ponce Lerou es multimillonario. Otra, y muy singular
referencia, está en su administración: Patricio de Solminihac, subgerente de
SQM, es hermano de Hernán de Solminihac, titular de la cartera de Minería,
encargada de impulsar el proceso de licitación. Como la relación sanguínea era
demasiado impúdica en este negocio, Hernán se inhabilitó durante el proceso,
que delegó en el subsecretario Pablo Wagner.
SQM
presentó una oferta que el comité de evaluación de la licitación consideró
idónea, por lo que le adjudicó, tras ofrecer la suma de 40 millones
de dólares (tres veces más que el segundo oferente y cinco veces más que el
tercero), la explotación del litio durante los próximos veinte años, lo que la
llevaría a producir cerca del 40 por ciento de la demanda mundial. Había, sin
embargo, un aspecto que fue clave para el proceso: ninguna empresa con litigio
pendiente con el Estado podía presentarse al concurso, detalle que SQM ocultó.
Si no hubiese sido por una de las compañías que quedaron fuera del concurso,
esta exigencia hubiese permanecido en la oscuridad.
Tras
conocerse los resultados de la licitación, la empresa Li3 Energy Spa, que
integra el consorcio Posco Consortium, presentó un requerimiento al gobierno al
conocer que SQM mantenía litigios con el Estado chileno. Aun cuando los
ejecutivos de SQM dijeron (no se sabe si con ironía o por un impenetrable
cinismo) que el litigio era con el “Fisco” y no con el “Estado”, el argumento
no prosperó. Fue indefendible. El comité de licitaciones tuvo que invalidar la
adjudicación y Wagner, a modo de fusible, abandonar el cargo. Posteriormente
otro de los perdedores, una compañía minera ligada al grupo Errázuriz, presentó
una querella por perjurio en contra de SQM en un tribunal de Santiago. Era
evidente que los ejecutivos de la empresa de Ponce Lerou participaron en la
licitación sabiendo que no cumplían con las bases. ¿Creyeron tener santos en la
Corte? ¿Pensaron que abultando la oferta el resto de los requerimientos pasaría
soplado?
DE QUÉ SE
BURLA LA CONCERTACIÓN
De todo
este estercolero ha salido algo muy beneficioso: poner en la agenda los
procesos de licitación y, por extensión, de concesiones y privatizaciones.
Mostrar de manera impúdica las relaciones pornográficas entre la política y el
sector privado. Cuando las redes sociales se llenaron de expresiones
sarcásticas de concertacionistas que observaban con placer esta nueva serie de
errores gubernamentales, lo que hacían era defender su manera de hacer estas
cosas. ¿Cuál es la fórmula? Es la misma, pero que no te pillen.
El
economista Julián Alcayaga escribió una columna que tituló El escándalo
del litio, la que debe haber dejado a más de un ex funcionario de la
Concertación con la sonrisa helada. Alcayaga no solo afirma que la licitación
estaba cocinada desde un comienzo, por lo que el proceso ha sido un
simple show para otorgarle cierta legitimidad. De eso se trató
la participación de Codelco, que compró las bases, pero también delroad show del
subsecretario Wagner por Estados Unidos, ofreciendo transparencia y
oportunidades de negocios en Chile. Tras el escándalo, sería interesante saber
qué piensan no solo las dos empresas que ya reclamaron, sino las decenas de
otros participantes.
El
escándalo SQM es la punta del iceberg de un modelo de hacer negocios basado en
la corrupción, un patrón que surge desde las mismas privatizaciones. No basta
con apuntar al ex yerno del dictador, o a sus nietos en el directorio de SQM,
sino es necesario hacer un catastro de esta manera de hacer negocios, la que ha
creado una casta de multimillonarios en un país de clase media empobrecida y
endeudada.
Es
posible que SQM sea el paradigma de la corrupción, pero hay cosas durante los
gobiernos de la Concertación que debieran por lo menos ruborizar a sus
funcionarios. Bastan algunos ejemplos: “El gobierno de Frei Ruiz-Tagle traspasó
el control accionario de EMOS a Aguas Barcelona y Lyonnaise des Eaux por 535
millones de dólares, siendo que la empresa tenía un valor accionario superior a
2 mil millones de dólares”, recuerda Alcayaga.
Hay más
muestras. Porque un show parecido a la licitación del litio se
efectuó en 1994, cuando Codelco “licitó” la privatización del yacimiento El
Abra. “El consorcio ganador era el que tenía las relaciones más estrechas con
el gobierno y los ejecutivos de Codelco de la época. La licitación
internacional solo fue un show para que ganaran estas
escogidas empresas. Pero eso no es todo. Posteriormente, Cyprus y Lacs Minerals
alegaron que las reservas del yacimiento eran inferiores a las estimadas y pidieron
rebaja en el monto licitado. El gobierno de Frei, en vez de anular la
licitación, como lo hizo este gobierno con el litio, aceptó que estas empresas
se llevaran El Abra por 330 millones de dólares, es decir 107 millones de
dólares menos que lo licitado. Más de alguien debe haber recibido una suculenta
‘coimisión’ por esta multimillonaria e ilegítima rebaja.
Posteriormente,
con el presidente Lagos, continuaron alegremente las privatizaciones y
licitaciones, incluso de las carreteras a escogidas empresas ‘amigas’, que eran
fiscalizadas gracias al famoso MOP-GATE. Con la presidenta Bachelet uno de los
hechos más vergonzosos fue la forma como se aprobó la Central Campiche, y tan o
más fraudulenta que eso fue la forma como se entregó el petróleo (mediante CEOP)
a empresas extranjeras, lo que es peor que la licitación del litio, puesto que
la concesión del petróleo no sólo la prohibe la ley sino que la Constitución.
Es decir, los representantes de los cuatro gobiernos de la Concertación no
tendrían moral para criticar la forma como este gobierno ha llevado a cabo la
licitación del litio, porque hicieron cosas parecidas o peores”, relata
Alcayaga.
PRIVATIZACIONES, EL
ORIGEN DE LA PESTE
Volvamos
a SQM, que todavía parece contener la semilla de este mal. Cuando la periodista
María Olivia Mönckeberg, autora del libro El saqueo, declaró en
2005 ante una comisión investigadora de la Cámara sobre las privatizaciones
realizadas durante la dictadura, dijo que Julio Ponce Lerou se quedó con la
empresa gracias a su situación personal y a los contactos que desplegó con los
economistas y altos oficiales militares. “Se transformó de un simple ingeniero
forestal a poseedor de una fortuna que hoy es pública y notoria. Para llegar a
ello, fueron importantes en su vida personajes como el ex ministro Hernán Büchi
o Juan Hurtado, quienes por años lo acompañaron en el directorio de Soquimich”.
La actual
estructura del poder económico responde a ese proceso corrupto, que vuelve a
repetirse como lo ha dicho Alcayaga. Hoy podemos comprobar que los nombres de
los controladores de los grupos económicos que surgieron durante las
privatizaciones corresponden, en gran medida, a los técnicos que las diseñaron
desde la Corfo o que fueron interventores de empresas estatales como Julio
Ponce Lerou con el grupo SQM, Roberto De Andraca con el holding CAP
y otros, como José Yuraszeck, que dio origen al grupo Endesa España con
Chilectra, Enersis y Pehuenche, los grupos de Hurtado Vicuña y Fernández León o
el grupo Penta, de Carlos Alberto Délano, que hizo su fortuna con la
“diseminación de la propiedad” que se perseguía con la creación de las AFP.
Según
información proporcionada por la Contraloría General, se estima que sólo por la
venta de 30 empresas enajenadas durante el periodo comprendido entre 1978 y
1990, el país perdió más de 2.223 millones de dólares, lo que a 1990
correspondía al 6,4 por ciento del PIB. Si estimamos que el PIB de 1990 era de
34.650 millones de dólares, en cifras de 2004, año de la redacción del informe
de la Cámara, las pérdidas llegarían a más de seis mil millones de dólares. Si
lo extendemos a 2011, con un PIB de casi 250 mil millones de dólares, éstas
subirían a 16 mil millones de dólares.
“Esta es
una historia inconclusa”, comentó María Olivia Mönckeberg en esa sesión de la comisión
de la Cámara. Y es también una triste historia. Porque la institucionalidad que
ha creado la actual estructura económica chilena no sólo ha conducido a la peor
distribución del ingreso en la historia económica moderna de Chile, sino que se
trata de una institucionalidad cuyas bases son muy oscuras y corruptas.
Aquellos grupos, dice la periodista, “surgidos al amparo del régimen militar
siguen hoy fortaleciéndose. Ello afecta la vida de todos los chilenos, pues,
por mucho que haya más progreso, se ha ido marcando cada vez más la brecha que
separa a ricos y pobres”.
Paul
Walder
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